MANUEL A. VEGA
HATO
MAYOR.- El procurador fiscal de Hato Mayor, Manuel Emilio Santana
Montero, solicitó al juzgado de la Instrucción dos órdenes de arrestos
para sendos abogados, acusados de supuestamente estuprar a una niña de
13 años, que quedó embarazada y a un menor también de 13 años que fue
abusado analmente.
Los
menores violados están recibiendo terapias psicológicas por el
Departamento de Psicología del hospital Leopoldo Martínez de Hato Mayor, donde además están siendo tratado los padres, para evitar shop, tras las agresiones a sus vástagos.
Santana
Montero, tenido como el fiscal más duro que ha tenido la provincia
desde su fundación en 1985, dijo lamentar la acción que consideró
deleznable y manchosa para la clase jurídica de Hato Mayor, al tiempo
que pidió a los juristas entregarse a la justicia.
Los
abogados acusados de supuestamente estuprar a dos menores, fueron
identificados como José Manuel Reyes Castillo, 40 años y José Antonio
Santana Santana (Capeyuca), 54 años, quienes se dieron a la fuga tras
enterarse que eran buscados con órdenes de arrestos en su contra.
José
Manuel Reyes Castillo está acusado de haber abusado sexualmente de una
menor de 13 años, cuyo nombre se omite por razón de ley, dejándola en
estado de embarazo, según denunció a las autoridades su padre, Sebastián
Sosa (Moncito”, quien se paró de su cama, donde tiene varios meses
enfermos, para denunciar el caso ante el fiscal Manuel Emilio Santana
Montero.
“Ese
abogado abusó de la pobreza que nos rodea y le hizo sueño a la niña de
que iba a serle una casa y tenerla bien, pero la pobre muchacha se dejó
seducir; yo pido que se haga justicia contra este sabedor de las leyes”,
dijo Moncito a las autoridades al momento de denunciar el abominable
hecho cometido contra su hija de 13 años.
El abogado abusaba de la menor en su oficina de la calle Miches, en el sector Las Chinas, al norte de Hato Mayor.
En tanto
que el profesional del derecho José Antonio Santana Santana (Capeyuca),
muy conocido por su desviación sexual en Hato Mayor, habría abusado
analmente de un adolescente de 13 años, a quien tenía como pareja a
oculto de sus padres en la comunidad de El Cercadito, a 5 kilómetros al
norte de Hato Mayor.
La madre del menor habría descubierto infraganti al abogado encaramado encima del niño haciendo el amor analmente.
El
caso del menor está siendo llevado por la fiscal adjunta, Kenia Romero,
quien lamentó el hecho, pero denunció que las violaciones sexuales van
en aumento en Hato Mayor, muy a pesar del castigo ejemplarizado que está
haciendo la justicia local.
Se
supo que los abogados andan buscando subsanar los daños cometidos
ofreciéndoles dinero a los familiares de los niños ultrajados y
mancillados.
Periodistas
de LISTIN DIARIO buscaron la reacción de la seccional del Colegio
Dominicano de Abogados en Hato Mayor, para conocer de su parecer con las
acusaciones que pende contra dos profesionales del derecho, pero no fue
posible hacer contacto con Delia Peguero, secretaria general del
gremio.
EL CONANI
Ana
María Guerrero, representante del Consejo Nacional de la Niñez
(CONANI), advirtió sobre el auge de los abusos sexuales por parte de
adultos en Hato Mayor y exhortó a los padres a ser más cauto con los
hijos, que están siendo invitado por delincuentes a sostener relaciones
sexuales hasta anales, consumir drogas y delinquir cometiendo robos en
viviendas y negocios de barrios y campos de la provincia.
Aseguró
a LISTIN DIARIO que en los últimos dos años, las violaciones que se han
producido en Hato Mayor, son llevadas a cabo por adultos profesionales,
que calificó de enfermos sexuales.
“Pienso
que el problema de las violaciones nace en la pobreza, no solo
económica, sino también educativa, pero la justicia de Hato Mayor está
trabajando para diezmar un poco lo considero un foco en las violaciones
sexuales”, significó al funcionaria.
Reiteró
a los padres a ser más estricto con los hijos, que a su juicio está
viviendo la fiebre de las drogas y están siendo seducido por los adultos
a cometer acciones que rayan en la inmoralidad.
Los
acusados habrían huidos a las ciudades de San Cristóbal y Santiago a
casas de familiares para evadir la persecución judicial en su contra.
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